Las estadísticas sobre corrupción y delincuencia organizada deben ser repasado por nuestros congresistas para incentivarlos a proponer leyes que evitan que robacables, comeoros, comepollos y otorongos se desplacen por el pasillo de la casa legislativa 120 días después de las más severas sanciones de ética en su contra. Según estadísticas de la organización de transparencia internacional y su ranking de percepción en corrupción, el Perú ocupa el puesto 80 de 167 con un puntaje casi tres veces menor que el de Nueva Zelanda. La lista del 2011 nos agrupa con países como El Salvador, Bulgaria y Jamaica considerados por algunos analistas como estados mafiosos donde los intereses de altos funcionarios del estado y del crimen organizado están entrelazados.

Lo preocupante es que el puntaje peruano se ha mantenido sin mayor cambio por los últimos 10 años y la reciente encuesta de Proetica indica que el 56% y 47% de los peruanos consideran el poder judicial y el congreso como instituciones corruptas y que el actual gobierno no tiene liderazgo ni eficiencia en la tarea de anticorrupción. Esto quiere decir que mientras los poderes del estado hablan mucho sobre corrupción, acciones concretas en su contra ella son mínimas. Por ello 90% de los peruanos cree que la corrupción no decaerá y que las denuncias son pocas o nada efectivas. Por ejemplo, mientras la Contraloría Nacional de la República en los últimos 12 meses recibió 1,856 denuncias, aun sigue sin publicar cuantas de estas inquietudes resultaron en sanciones judiciales y/o administrativas y aun no tenemos un registro nacional de inhabilitados a contratar con el estado. Al contrario de esta situación, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en el 2011 recibió 15,502 denuncias, mientras la mitad fueron archivadas, 1,669 de estas resultaron en algún tipo desanción incluyendo 33 propuestas de destitución de magistrados y 89 de auxiliares jurisdiccionales. Sin embargo estas investigaciones siguen un proceso tan lento que la mayoría de los jueces y fiscales corruptos tienen tiempo para seguir delinquir y quedar impunes. Una interesante propuesta seria la adaptación de la Ley Colombiana 1474 del 2011 que sentencia e inhabilita a cargos y licitaciones publicas entre 6 a 20 años a quienes incurran en actos de corrupción, excluye a contratar con el estado a quienes financien campañas políticas, prohíbe y sanciona a ex-servidores públicos a gestionar intereses privados. Es decir condena a “muerte publica” y excluye a los corruptos de participación en el estado. Claro, la ley de la milenaria China por crímenes financieros y por corrupción también debería ser considerada: dos años de prisión para pensar sobre los errores cometidos seguidos por fusilamiento. ¿Que piensan los peruanos sobre la legislación China?