Pareciera que el presidente Ollanta Humala no se ha dado cuenta que al Perú ingresan US$6 mil millones al año por el tráfico ilícito de drogas, US$3 mil millones por minería ilegal; US$500 millones por la extracción ilegal de madera. Con tal presupuesto de ilegalidad, la extorsión es simplemente la punta del Iceberg que esta por hundir las erradas políticas de seguridad que permiten la impunidad y la infiltración de grupos criminales en la policía y el sistema judicial.

¿En qué país vive el Presidente, su esposa, el Ministro del Interior y las cúpulas policiales que no se han dado cuenta que el Perú es el cuarto país del continente con la más alta tasa de extorsión después de México, El Salvador y Honduras? Mientras las extorsiones representan el quinto delito denunciado en el Perú, solo en un año, esta actividad ilícita se ha incrementado 27% afectando 12% de las víctimas ¿Le dice algo al ministro de Justicia que el 90% de las extorsiones se planean y ejecutan desde las cárceles? Y para colmo, según Consejo Nacional De Política Criminal, en el 2013 no solo el Perú tuvo la más alta victimización y re-victimización de personas en las Américas, sino que desde el 2006 viene encabezando el ranking de países con más víctimas por delitos criminales. Pese a esto y según el INEI, solo el 12.5% de los ciudadanos presenta una denuncia y lo peor, de esta cifra, solo el 16% obtiene alguna respuesta del Estado, mientras el resto queda a merced de las retaliaciones violentas de los criminales. Con mas de un millón de armas ilegales circulando en el país, los criminales tienen herramientas suficientes.