Mientras ha habido un progreso macroeconómico significativo, esta interpretación del desarrollo debe considerar la distribución de los ingresos por la explotación de los recursos naturales que el país posee. Por ejemplo, entre 1997 y 2010, el ingreso real per cápita solo creció en 33% y el 60% de la población rural aún vive por debajo de la línea de pobreza sin acceso a servicios de calidad en las áreas de salud, educación, agua y saneamiento. Hoy, el PBI per cápita es únicamente el doble que hace 60 años y solo 20% de la población cuenta con un ingreso salarial mayor de US$ 1000 mensuales. Para asegurar que otro 20% de la población alcance similar ingreso, el país debe crecer al 5.5% por los próximos 15 años. Sin embargo, es evidente que esta meta es un gran reto considerando que en esta “la actual economía” el 68% de los peruanos empleados trabajan en la informalidad, no aportan a un sistema de pensiones y no tienen, en general, las protecciones propias de la ley laboral incluyendo una seguridad social que asegure una condición decente durante la vejez.

A pesar que las reservas netas internacionales pasaron US$ 11,000 millones a US$ 65,540 millones, el gasto público peruano en educación en relación al PIB se ha mantenido en 2.7% desde 1990 y se ubica penúltimo en Latinoamérica. Esta tendencia se ha mantenido pese al consenso que la educación y sus beneficios contribuyen en el crecimiento económico y la productividad, así como la cohesión y bienestar social. En el país, el analfabetismo se encuentra alrededor del 28%, y mientras la tasa neta de matrícula en el primer nivel de enseñanza es de 94.5%, esta decae a 77.6% en el segundo nivel de enseñanza. Sin embargo, los escolares, principalmente en colegios estatales y en zonas rurales continúan presentando bajos índices de en comprensión de textos, matemática y ciencias. El rendimiento del país en las evaluaciones internacionales PISA continúa siendo de muy bajo nivel. La inversión en esta área tan decisiva y no se prioriza pese a que se estima que un aumento de 100 puntos en las pruebas PISA en matemáticas y ciencias, se traduciría en una tasa de crecimiento del PBI per-cápita de 1 a 2%.

Igual sucede con la educación superior. Mientras se argumenta que el desarrollo se alcanza con más conocimiento aplicado a la producción y con más innovación para afianzar el crecimiento económico de largo plazo, solo el 24% de la población alcanza educación universitaria y menos del 1% de esa población tiene grados académicos avanzados como maestrías y doctorados. Sin embargo, la deficiente intervención del estado y la falta ética de algunas autoridades universitarias han creado una verdadera crisis. El 48% de los estudiantes universitarios se gradúa en áreas irrelevantes para la necesidad empresarial y el 44% de graduados universitarios no labora en oficios para los estudió. La gravedad del problema no solo se refleja en que la mejor universidad peruana ocupa el puesto 22 de las universidades sudamericanas, sino que en el ranking mundial figuran debajo del puesto 2040. Mientras una universidad promedio en EEUU o Europa pública alrededor de 35,000 artículos anuales en revistas académicas, la mejor universidad del país publica alrededor de mil artículos. La situación de los institutos tecnológicos superiores no podrirá ser peor ya que debido a su calidad y falta de supervisión por parte del Estado estas instituciones no ofrecen mayor retribución en los salarios de sus graduados. Como resultado, la productividad laboral es baja y más de la mitad de los trabajadores con educación secundaria y casi un tercio de los trabajadores con niveles de educación superior ganan menos de un dólar por hora.