Alan García Pérez un político socialdemócrata inicia su mandato para el periodo 1985-1990 con una estrategia populista y demagoga que causo una de las más severas crisis económicas y sociales debido al alto índice de corrupción y violencia. En el primer año de su administración, García aplicó una serie de medidas económicas heterodoxas para devaluar la moneda y congelar el tipo de cambio para controlar los costos de importación y para ganar competitividad en la producción. Esta política intervencionista provocó que la inflación bajara 60%, el interés bancario disminuyera de 280% a 110% y se registrara un crecimiento de 8.5% del PIB. Sin embargo, García buscaba abaratar el costo de la alimentación y promover la importación de maquinaria industrial usando una tasa cambiara de dólar subsidiado para compensar los controles de precios que imponía el Estado. La mala administración de este programa y la corrupción consumieron las reservas internacionales netas las cuales pasaron en 1985 de US$ 1,400 millones a US$81 millones a finales de 1987.

La escasa atención a las dinámicas inflacionarias, la incapacidad administrativa del gobierno, la estatización de la banca, la postura pública en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su retórica anti-imperialista sumadas a la dificultad para hacer pagos a las instituciones financieras internaciones resultaron que en agosto de 1986 el FMI declarara al Perú como "inelegible" para acceder a futuros préstamos. Para 1987 la inflación alcanzó el 114%, y en 1988 hiperinflación llego a 1,722%, 2,775% en 1989 y 7,640% en 1990. A finales del gobierno de García, el nivel de subempleo y desempleo bordeaba el 75% de la población económicamente activa, la recaudación tributaria disminuyo 78% y los salarios solo llegaban al 50% de los niveles registrados en julio de 1985.

La crisis económica hizo que el Estado perdiera su capacidad de cumplir con funciones elementales, incluyendo la de garantizar la seguridad pública. Esta situación agudizó el accionar terrorista del PCP-SL y el MRTA y reforzó su vínculo con el narcotráfico. Al no contar con una estrategia alternativa, ni con asesores capacitados, García fue incapaz de articular iniciativas contrasubversivas efectivas ya que durante su gobierno la actividad terrorista alcanzó los índices más altos de violencia y destrucción de infraestructura. En su gobierno se documentaron 8,173 muertes equivalentes del 48% de las víctimas de la lucha armada . El 60% de estas víctimas corresponden a las organizaciones sediciosas y el 30% se atribuyen a las fuerzas de seguridad del Estado. La violencia se agudizo no solo por la acción de los grupos de extrema izquierda sino que en agosto de 1988, el comando paramilitar Rodrigo Franco empezó a reclamar responsabilidad por los asesinatos de simpatizantes de PCP-SL, MRTA y para el caso, cualquier persona que criticara al gobierno de García.

Mientras en 1985, el 6% de la población nacional y el 7.25% del territorio estaban bajo el régimen de estado de emergencia o bajo un comando político-militar, al final del mandato de García, el 30% del territorio y el 45% de la población se encontraban bajo esta situación. Pese a la militarización, el ausentismo de votantes en las elecciones generales de 1990 en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica superó el 40%; mientras que en los departamentos de Huánuco y Junín fue alrededor del 50%. Para finales del gobierno de García, se implementa la creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), una institución vinculada a la policía con una conducta menos violenta, sistemática y organizada contra la subversión. Sin embargo, el 9 de julio, y a pocos días del cambio de gobierno, 47 terroristas incluyendo máximos dirigentes del MRTA fugan por un túnel de 300 metros de largo cavado desde una vivienda fuera del penal de máxima seguridad.

Al concluir su mandato, García deja un país sumergido la subversión, el narcotráfico, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la hiperinflación que pusieron al país al borde de una desintegración social y política cuyo desenlace era considerado como un serio peligro para la estabilidad regional. García se convierte en senador vitalicio. Sin embargo, el 18 de octubre de 1991, la cámara de senadores debatió la propuesta hecha por la cámara baja de encausar a García por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito. El pleno del senado resolvió suspender al ex-presidente como senador y someterlo a juicio, sin embargo García escapó hacia Colombia y Francia y se le declaró reo contumaz.